El informe elaborado por nuestro sindicato, “Balance de legislatura 2012-2015 en materia de servicios públicos”, demuestra que la mayor damnificada por las políticas de reformas y recortes del Consell es la ciudadanía valenciana. Así sucede con los recortes que están afectando a los servicios esenciales para la ciudadanía, como son la Sanidad, la Educación, la Dependencia, la Justicia, la Cultura, etc., sin las cuales no hay cohesión social.
El objetivo final de las maniobras especulativas y presupuestarias desde el principio de la crisis es el propio modelo social, para forzar a las Administraciones Públicas a declarar su insostenibilidad financiera, dejando al mercado nuevas cuotas de negocio hoy en manos de los Servicios Públicos, buscando rentabilidad económica a funciones netamente sociales.
Buena muestra de esta estrategia del Consell es el entusiasmo con el que ha acogido la Ley 7/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que modifica los ámbitos competenciales de los Ayuntamientos y que en la práctica elimina de un plumazo las competencias municipales en materia, entre otras, de Servicios Sociales.
En otras CCAA (Galicia, Madrid, Andalucía, etc.), los respectivos gobiernos autonómicos han legislado al respecto y han establecido convenios de colaboración (y financiación) con las AALL para delegar en las mismas la provisión de servicios sociales para la ciudadanía, atendiendo a las evidentes razones de eficiencia y eficacia debido a la proximidad.
La Generalitat Valenciana, en cambio, ha permanecido impasible, ha obviado este tipo de iniciativas y ha asumido el contenido íntegro de la Ley 7/2013, sin la más mínima dotación presupuestaria. Objetivo cumplido: un espacio público menos y un escenario de externalización y privatización más.
A esta planificada estrategia del Consell, y no solo a la propia crisis, se ha de achacar la siguiente realidad:
. Elaboración de un marco económico y presupuestario cuya prioridad ha consistido en reducir a la mínima expresión (cobertura, extensión y calidad) los Servicios Públicos esenciales, lo que ha supuesto el mayor recorte de servicios públicos en el período democrático.
. Aprobación de multitud de iniciativas legislativas que complementando el marco económico, han servido para desmantelar las garantías normativas que regulaban los Servicios Públicos esenciales, reduciendo los derechos de la ciudadanía.
. Un continuo ataque a los empleados públicos, con persistentes modificaciones de sus condiciones, que suponen las más agresivas y lesivas reformas en el periodo democrático. Configurando unas relaciones laborales basadas en la decisión unilateral de la Administración/empresa, en detrimento del diálogo social y la negociación colectiva.
La Legislatura 2012–2015 ha representado la culminación de más de dos décadas de aplicación de la política ultraneoliberal del Partido Popular. Los recortes en los servicios públicos valencianos han alcanzado valores superiores a los de cualquier otra administración pública española.
La especial gravedad de la situación de la Comunitat radica en el hecho de que los recortes se han aplicado sobre un escenario previo particularmente frágil: una de las Comunidades Autónomas con menor peso del Presupuesto Público sobre el PIB y, al mismo tiempo, un PIB más bajo que la media de España.
La legislatura 2012-2015 (como la anterior 2008-2011) ha significado una nueva ocasión perdida por el Gobierno de la Generalitat para conseguir una modificación del Sistema de Financiación Autonómico del gobierno de España, con el objetivo de que la Comunitat reciba un trato fiscal equitativo y no discriminatorio por parte del Estado español.
Un dato muy importante también es el nefasto balance que arroja la política fiscal de la propia Generalitat en buena parte de esta legislatura y las anteriores, con un empecinamiento en el mantenimiento de una gestión marcada por el abandono de todas las amplias posibilidades que las normativas española y autonómica han ofrecido para el incremento de la recaudación (gestión de los Impuestos cedidos, gestión del tramo autonómico del IRPF, etc.)
Esta gestión fiscal deliberadamente regresiva está en el origen del déficit público y de la escandalosa deuda pública (la más alta de España) que están conduciendo a los actuales recortes presupuestarios y al desmantelamiento de los servicios públicos.
Además ha quedado demostrada la ineficacia absoluta de la Generalitat en la obtención de Fondos Europeos cofinanciados durante esta legislatura, que se ha traducido en la pérdida de cientos de millones de euros que han ido a parar a otras CCAA.
Por otra parte, son habituales las prácticas torticeras de la Generalitat en el uso de los escasos Fondos Comunitarios conseguidos a lo largo de la presente legislatura, su utilización para fines diferentes a los comprometidos o simplemente “desaparecidos” en la hacienda autonómica, y que deberán ser devueltos más pronto que tarde.
Y, sobre todo, denunciamos enérgicamente la estrategia de la Generalitat en el falseamiento de las estadísticas enviadas a Eurostat sobre las cuentas públicas valencianas en lo referente a Déficit y Deuda Pública, que han puesto en entredicho la credibilidad y honorabilidad de la Administración Autonómica valenciana y del Estado Español.
En esta legislatura, y solo en el capítulo de los servicios públicos esenciales, el gasto de la Generalitat ha disminuido en más de 2.700 millones de euros respecto a la legislatura anterior.
Se trata de una disminución superior al 6%, precisamente en el período en el que la crisis, la exclusión social, el desempleo y la precariedad laboral hubieran hecho más necesaria que nunca una política de redistribución y solidaridad para paliar el desamparo de los sectores sociales más desfavorecidos y vulnerables.
Desde el punto de vista estrictamente presupuestario y solo en el ejercicio 2015, los déficitspresupuestarios valencianos en los servicios públicos esenciales (en relación a la media de España), serían:
. En la aplicación de la Ley de la Dependencia : 232,7 millones € (déficit del 80,17%)
. En la asistencia sanitaria pública : 793,9 millones € (déficit del 13,36%)
La Generalitat Valenciana, lejos de implementar medidas de auténtica racionalización del gasto y de incremento de la eficiencia en la gestión, ha utilizado la vía más cómoda e injusta para la reducción del gasto y ha descargado directamente sobre los empleados públicos el peso de los recortes.
Ha habido una importante reducción de empleo público producida a lo largo de toda la presente legislatura, muy superior a la experimentada en el conjunto de España con motivo de las medidas de reducción del déficit. La reducción de empleo público ha tenido efectos nefastos sobre la calidad del servicio público prestado a los sectores más desfavorecidos de la ciudadanía, en especial en la Atención Sanitaria, la Educación, los Servicios Sociales y la Justicia. La Administración Autonómica ha destruido hasta 10.461 empleos, un 8,2% del total de su plantilla, incluyendo el personal del Consell y sus Organismos Autónomos. Y ello sin contar con el empleo destruido en el Sector Público Empresarial, cuyo porcentaje de destrucción de empleo ha sido incluso superior al del Consell y sus O.A.
La política de la Generalitat durante la legislatura 2012-2015, además de atacar duramente la plantilla de personal público mediante una planificada estrategia de destrucción de puestos de trabajo, también ha erosionado gravemente el poder adquisitivo de los trabajadores públicos que han conservado su puesto. En el caso del personal dependiente del Consell de la Generalitat, sus Organismos Autónomos, el personal sanitario, de educación y de justicia, la reducción del poder adquisitivo ha estado alrededor del 28%. En el caso específico del personal sanitario y de educación, la reducción casi alcanza el 33%.
El gobierno del PP durante la legislatura 2012-2015 ha continuado el desmantelamiento perfectamente planificado de los sistemas públicos de Salud y Educación en la Comunidad Valenciana, en ambos casos mediante una doble estrategia de pauperización presupuestaria del sistema y, simultáneamente, una política de externalización y privatización de la provisión de los dos servicios públicos esenciales. Asimismo, ha habido una clara connivencia de la Generalitat con los operadores privados con el fin de garantizar sus beneficios como prioridad absoluta, en detrimento de la hacienda pública valenciana, de la salud de la ciudadanía y de la formación de sus jóvenes.
Y todo ello pese a las repetidas denuncias de los profesionales de estos sectores sus organizaciones sindicales, la Sindicatura de Comptes, los Tribunales e incluso la Comisión Europea.
Las conclusiones del balance de esta legislatura no pueden ser más devastadoras.
El Partido Popular en el Gobierno, ha puesto al servicio de la iniciativa privada temas tan transcendentales como nuestra salud, la educación de nuestros hijos, la atención a nuestros mayores y el cuidado de las personas discapacitadas.
Indignante, no merecen permanecer al frente de las instituciones valencianas ni un minuto más.
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