martes, 18 de febrero de 2014

Agresiones del Gobierno, reestructuración de la Federación y lucha sindical contra los despropósitos de éste. Al final, logros, que juntos conseguimos

En estos momentos ya se habrá celebrado el último Congreso Comarcal que restaba por celebrar, con él culmina el largo proceso Congresual en el que nos embarcamos hace más de una año.

Los pasados 14 y 15 de Noviembre cuando  se celebró nuestro 7º Congreso Nacional, pusimos en marcha las iniciativas aprobadas en nuestros congresos Confederal, Federal y Nacional de UGT-PV, principalmente las que tienen que ver con la reducción de nuestro mapa comarcal, ahora, nuestra estructura comarcal queda reducida a 6 comarcas, procediendo a fusionar las antiguas comarcas del Alacantí con la Marina, la de la Montaña con el Vinalopó y la Vega Baja, la de la Ribera y Canal de Navarrés con la Safor y por último la fusión de las comarcas de Castellón que a partir de ahora se denominarán las comarcas del Norte, quedando como estaban las de L´horta Nord y Sud.

Del mismo modo se ha procedido a reducir el número de componentes de la Comisión Ejecutiva Nacional, todas estas modificaciones tienen como objetivo disminuir la estructura burocrática de la federación para poder dedicar más recursos a las secciones sindicales para realizar una acción sindical más eficaz.

Este paréntesis que ha supuesto dedicar un plus de nuestras energías a nuestra vida interna no ha significado que el gobierno no siga legislando en contra de los trabajadores y trabajadoras, antes al contrario el ejecutivo que dirige Mariano Rajoy, siguiendo los dictados de la Troyka, no ha parado de anunciar y publicar Leyes perjudiciales para las clases populares.

Agresiones del Gobierno

Tres son las principales agresiones que hemos sufrido en este trimestre o estamos a punto de sufrir, la ley de sostenibilidad y racionalización de la administración local, la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la anunciada reforma de la ley de Pensiones.
La ley de sostenibilidad de la administración local supone un nuevo recortazo al estado de bienestar; el gobierno lejos de propiciar una adecuada financiación de los entes locales obliga a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes a prescindir de los llamados servicios impropios, que son todas aquellas prestaciones que los ayuntamientos realizan en materia de servicios sociales principalmente.
Se prescinde de las guarderías infantiles, escoletes, atención a los mayores, atención a las víctimas de la violencia machista, prestaciones sanitarias y un largo etc. que repercutirá negativamente en el bienestar de las personas que vivan en las localidades afectadas, el primer ejemplo ya lo han sufrido los ciudadanos de Paterna, ciudad del cinturón que rodea Valencia,  cuyo alcalde ha retirado como primera medida la ambulancia con que contaban los ciudadanos de esta ciudad.

Se tiene que crear una mesa para negociar la aplicación de la Ley de local

Cerca de 25.000 puestos de trabajo dependientes de las administraciones locales afectadas en nuestra comunidad autónoma están en estos momentos en peligro, por ello ya la Federación se dirigió en fecha de 8 de Enero a los Consellers de Administración Pública y Hacienda y al Vicepresidente a fin de constituir una mesa de negociación para tratar el futuro de este colectivo laboral.
Dicha ley prevé un periodo transitorio hasta que la Generalitat asuma totalmente las competencias municipales ahora tratadas de “impropias” y aunque nuestra Federación siempre ha demostrado nuestro rechazo a dicho texto, nuestra responsabilidad nos obliga a emplazar al gobierno autónomo para negociar con los sindicatos las situaciones laborales que puedan derivarse de esta nueva Ley.

La Ley del aborto de Gallardón: uno de los mayores retrocesos en libertad individual

La segunda agresión se configura en torno a la nueva Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. En esta ocasión no se trata de ninguna imposición derivada de la crisis económica, sino de una clara posición ideológica del Partido Popular y la Conferencia Episcopal liderada por el Cardenal Rouco Varela,quien ha insistido desde la llegada al gobierno de España del PP en la necesidad de trastocar profundamente la ley de plazos en esta materia del gobierno de Rodríguez Zapatero.

De concretarse en Ley el actual borrador de anteproyecto, supondría uno de los mayores retrocesos en materia de libertades individuales producidas en nuestro país, nos retrotraería a situaciones anteriores a la Ley de supuestos del año 1985, siendo ésta mucho más restrictiva.

Supone el afianzamiento de una voluntad paternalista y machista respecto del derecho a decidir sobre su propio cuerpo por parte de las mujeres, resulta increíble que a éstas alturas deban de decidir sobre la voluntad de tener hijos o no, desde jueces y psiquiatras hasta médicos sin tener en cuenta en ningún caso la voluntad de la mujer.

Solamente han respaldado éste anteproyecto a nivel europeo los partidos de la extrema derecha como el partido de Le Pen en Francia,  todas las demás instancias europeas incluidos los partidos homólogos al PP han mostrado su preocupación por la deriva extremista que el PP español está adoptando en ésta materia.

Otra agresión: la reforma de las pensiones

La reforma de nuestro sistema de pensiones constituye otra amenaza del PP a los derechos de los trabajadores españoles, una reforma que tiene que ver con los intereses de las grandes compañías aseguradoras y no con los derechos e intereses de los pensionistas actuales y futuros ya que la reforma afectará a todos por igual.

Con la falacia de un incremento anual del 0´25%, el PP pretende engañar al conjunto de pensionistas indicándoles que es una medida que garantizará el poder adquisitivo de las pensiones, la única medida que garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas es aquella que prevea un incremento de las pensiones igual al IPC, que es justamente lo que eliminan con esta contrarreforma.

Además de estas medidas implementadas por el gobierno de Rajoy, aquí en la Comunidad Valenciana el gobierno Fabra sigue con su política de ajustes, copagos y repagos en los medicamentos, en la dependencia, eliminando la prestación sanitaria a aquellos ciudadanos españoles que se ausenten de España más de 90 días, suprimiendo la atención sanitaria en consultorios, eliminando camas hospitalarias, reduciendo el número de maestros, no cubriendo las jubilaciones ni en sanidad ni en educación y un sinfín de medidas encaminadas a reducir un déficit público, provocado por años y años de despilfarro, juergas, saraos y corrupción de unos gobiernos del PP que han esquilmado a la sociedad valenciana.

Zaplana, Olivas, Camps y Fabra son o han sido los más claros exponentes de un desgobierno continuado que ha supuesto hasta la desaparición de Cajas de Ahorros y bancos valencianos necesarios para potenciar la recuperación económica de nuestra comunidad autónoma.

España alcanza uno de los niveles más altos de desigualdad y exclusión social en Europa

Solo superados por Letonia,  y en nuestra comunidad más de 700.000 parados son la cara más visible de ese 30% de valencianos y valencianas situados claramente en la exclusión social, mientras Rajoy y Fabra son los únicos que ven la salida del túnel de la crisis económica.

Frente a todo ello nuestra Federación en su 7º Congreso ha decidido valorar como muy positiva la política sindical desarrollada en los últimos cuatro años, una política sindical caracterizada por la defensa a ultranza de nuestros salarios, de nuestras condiciones de trabajo y de nuestros servicios públicos, denunciando constantemente las arbitrariedades del gobierno de Fabra.

Nuestra respuesta ha sido la lucha sindical constante, de ahí los logros de la misma

Una política sindical que ha supuesto gracias a cuatro años de movilización constante recuperar durante este año la carrera profesional del personal de la sanidad pública, que el personal interino del Consell recupere su jornada y su salario y que el todo el personal del Consell pueda incorporarse a partir del 1º de enero del 2015 a la carrera profesional.


Ahora se trata de poner en valor todos esos años de lucha, de hacerles ver a todas las empleadas y empleados públicos la importancia de nuestro combate, de que el modelo sindical que representa UGT es sumamente útil, que hemos sido la punta de lanza en la recuperación de nuestros derechos y que por tanto es necesario que nos respalden en las elecciones sindicales en el ámbito del personal de la Generalitat que comienzan en el mes de Junio en la Sanidad Pública

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